El responsable de cumplimiento normativo y la exención de responsabilidad penal del art. 31 bis CP


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Desde 2010 las personas jurídicas responden penalmente en España. La reforma de 2015 añadió lo importante para cualquier empresario: la vía para quedar exento. Está en el art. 31 bis del Código Penal y gira en torno a dos piezas: un modelo de organización y gestión, y un órgano que lo supervise. Ese órgano es el Compliance Officer o responsable de cumplimiento normativo.

Cuándo responde penalmente una empresa

El art. 31 bis.1 CP distingue dos supuestos:

  • Delitos cometidos por representantes legales o directivos con facultades de organización y control, en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto (letra a).
  • Delitos cometidos por empleados sometidos a la autoridad de los anteriores, cuando han podido cometerlos porque se incumplieron gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control (letra b).

No todos los delitos generan responsabilidad de la persona jurídica, solo los que el Código Penal señala expresamente. Entre ellos, los más habituales en la actividad empresarial: estafa, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, delitos contra el medio ambiente, descubrimiento y revelación de secretos o delitos informáticos.

Las penas (art. 33.7 CP) van desde la multa hasta la disolución de la sociedad, pasando por la suspensión de actividades, la clausura de locales o la prohibición de contratar con el sector público.

La exención: cuatro condiciones

El art. 31 bis.2 CP establece que la empresa queda exenta de responsabilidad por los delitos de sus directivos si concurren cuatro condiciones:

  1. El órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión con medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de esa naturaleza o reducir de forma significativa el riesgo de cometerlos.
  2. La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo se confió a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control.
  3. Los autores cometieron el delito eludiendo fraudulentamente el modelo.
  4. No hubo omisión ni ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión por parte del órgano del punto 2.

Para los delitos de empleados (art. 31 bis.4), basta con que exista el modelo adoptado antes del delito y adecuado para prevenirlo.

Si las condiciones se acreditan solo parcialmente, no hay exención pero sí atenuación de la pena.

Qué debe contener el modelo

El art. 31 bis.5 CP enumera los requisitos mínimos:

  • Identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden cometerse los delitos (el mapa de riesgos).
  • Protocolos para la formación de la voluntad de la empresa, la adopción de decisiones y su ejecución.
  • Modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  • Obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano de supervisión (el canal de denuncias, hoy regulado además por la Ley 2/2023).
  • Sistema disciplinario que sancione el incumplimiento del modelo.
  • Verificación periódica del modelo y modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o cambios en la organización.

Las normas UNE 19601 e ISO 37301 desarrollan estos requisitos y permiten certificar el sistema. La certificación no es obligatoria ni garantiza la exención, pero facilita acreditar ante el juez que el modelo existía y funcionaba.

El papel del responsable de cumplimiento

La segunda condición es la que da sentido a la figura del Compliance Officer. La ley exige un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control. Eso tiene consecuencias concretas:

  • Independencia. No puede depender jerárquicamente de quien supervisa. Lo habitual es que reporte directamente al órgano de administración.
  • Recursos. Debe disponer de medios, tiempo y acceso a la información. Sin presupuesto ni acceso a los sistemas no supervisa nada.
  • Iniciativa. Puede abrir investigaciones, proponer cambios y exigir información sin esperar instrucciones.
  • Documentación. Todo lo que hace debe quedar registrado: actas, informes, formaciones, incidencias gestionadas. En un proceso penal, lo que no está documentado no existe.

En las pymes de reducida dimensión, el art. 31 bis.3 CP permite que estas funciones las asuma el órgano de administración. Es legal, pero débil: el administrador supervisándose a sí mismo convence poco a un tribunal. Por eso muchas pymes optan por un Compliance Officer externo, con independencia y conocimiento técnico sin coste de plantilla.

Cómo lo valora la Fiscalía y el Tribunal Supremo

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado dejó claro que los modelos de compliance no son un trámite formal. La Fiscalía valora si el programa es real, si está adaptado a la empresa y si existe una verdadera cultura de cumplimiento. Un programa copiado de una plantilla, sin formación ni seguimiento, no sirve.

El Tribunal Supremo, desde la sentencia 154/2016, de 29 de febrero, insiste en la misma idea: lo decisivo es si la empresa tenía una cultura de respeto al Derecho que hiciera del delito un hecho aislado.

Qué hacer esta semana

  1. Compruebe si su empresa tiene un modelo de prevención penal aprobado por el órgano de administración y con fecha cierta.
  2. Compruebe quién lo supervisa y si puede demostrar que lo hace.
  3. Si la respuesta es "no" o "no lo sé", actúe ahora. La exención solo opera si el modelo existía antes del delito.

Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte su caso concreto.

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