La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, lleva en vigor desde marzo de 2023. Sus plazos de adaptación hace tiempo que vencieron. Aun así, muchas empresas siguen sin canal de denuncias o con uno que no cumple la norma. Este artículo resume lo esencial.
Quién está obligado
El art. 10.1 de la Ley 2/2023 obliga a tener un Sistema interno de información a todas las empresas privadas con cincuenta o más trabajadores. Se cuentan todos los contratos, a jornada completa o parcial. Si su plantilla oscila alrededor de esa cifra, conviene asumir que está obligado.
Además, con independencia del número de trabajadores, están obligadas las empresas que operan en el mercado financiero, las sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y las de seguridad del transporte y protección del medio ambiente (art. 10.1, segundo párrafo).
Las empresas de entre cincuenta y doscientos cuarenta y nueve trabajadores pueden compartir el sistema y los recursos para gestionarlo (art. 10.3). Es una vía útil para grupos de pymes o empresas de un mismo sector.
Qué debe cumplir el canal
El art. 5 fija los requisitos mínimos del sistema. Su canal debe:
- Permitir comunicaciones por escrito y verbalmente, incluida la posibilidad de una reunión presencial a petición del informante (art. 7).
- Admitir comunicaciones anónimas (art. 7.3).
- Garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado (art. 5.2.b).
- Estar gestionado por un Responsable del Sistema designado por el órgano de administración y comunicado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (art. 8).
- Contar con un procedimiento de gestión aprobado por el órgano de administración (art. 9): acuse de recibo en siete días, plazo de respuesta de tres meses ampliable a otros tres en casos de especial complejidad, derecho del afectado a ser oído y presunción de inocencia.
- Estar publicado en la web corporativa, en una sección separada y fácilmente identificable (art. 25.1).
- Llevar un libro-registro de las comunicaciones recibidas (art. 26), con conservación limitada en el tiempo.
El sistema debe integrarse con el programa de compliance si lo hay. No tiene sentido tener un canal que no esté conectado con el mapa de riesgos y los protocolos de la empresa.
Protección del informante
El núcleo de la ley es la prohibición de represalias (art. 36). Despedir, sancionar, degradar o aislar a quien ha informado de buena fe es una infracción muy grave. Además, en caso de litigio, el art. 38.4 invierte la carga de la prueba: la empresa tendrá que demostrar que la medida adoptada contra el trabajador no fue una represalia.
Esto tiene una consecuencia práctica que muchas empresas olvidan: cualquier decisión sobre un empleado que haya usado el canal debe estar especialmente documentada y justificada.
Sanciones
El art. 63 tipifica las infracciones. Es muy grave no disponer de un Sistema interno de información cuando es obligatorio, y también adoptar represalias, vulnerar la confidencialidad o impedir las comunicaciones. Las sanciones para personas jurídicas (art. 65) van de 600.001 a 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves, de 100.001 a 600.000 euros para las graves y de hasta 100.000 euros para las leves.
A la multa pueden sumarse la prohibición de obtener subvenciones y de contratar con el sector público durante un máximo de cuatro años (art. 65.3). Para una pyme que trabaja con la Administración, esto puede ser más grave que la propia multa.
Qué hacer si no tiene canal
- Confirme si está obligado. Cuente la plantilla y revise si su actividad entra en los sectores con obligación independiente del tamaño.
- Decida quién será el Responsable del Sistema. Puede ser una persona o un órgano colegiado. Si no tiene a nadie con independencia y conocimientos, externalícelo.
- Elija la herramienta. Un buzón de correo no cumple: no garantiza anonimato ni trazabilidad. Hay plataformas específicas a precios asumibles.
- Redacte y apruebe el procedimiento de gestión en el órgano de administración. Deje constancia en acta.
- Informe a la plantilla y a la representación de los trabajadores, y publique el canal en la web.
- Comunique el Responsable del Sistema a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o a la autoridad autonómica que corresponda.
Y si tiene menos de cincuenta trabajadores
No está obligado, pero puede implantar el canal voluntariamente (art. 10.4). Si lo hace, le aplican las mismas garantías. Tiene sentido cuando quiere acreditar un programa de compliance eficaz a efectos del art. 31 bis del Código Penal o cuando trabaja con clientes que lo exigen en sus contratos.
Un canal de denuncias bien gestionado no es un gasto. Es la forma más barata de enterarse de un problema antes de que lo haga un juez o un inspector.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte su caso concreto.