
"Somos una empresa pequeña, el RGPD no nos aplica tanto." Es una de las frases que más se oyen, y una de las que más sanciones provoca. El Reglamento (UE) 2016/679 aplica a cualquier empresa que trate datos personales: nóminas, clientes, proveedores, currículums. Lo que varía es el alcance de algunas obligaciones. Dos generan especial confusión: el registro de actividades de tratamiento y el Delegado de Protección de Datos.
El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD)
El registro es el inventario de todos los tratamientos de datos que realiza su empresa. Para cada uno debe constar (art. 30.1):
- Nombre y datos de contacto del responsable y, en su caso, del DPO.
- Fines del tratamiento.
- Categorías de interesados y de datos personales.
- Categorías de destinatarios.
- Transferencias internacionales, si las hay.
- Plazos previstos de supresión.
- Descripción general de las medidas de seguridad.
El art. 31 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) añade que debe especificar el origen de los datos, los fines y la base jurídica de cada tratamiento.
La excepción que casi nunca aplica
El art. 30.5 RGPD exime del registro a las empresas de menos de 250 trabajadores. Pero la propia norma añade tres excepciones a la excepción. Debe llevar registro, aunque tenga dos empleados, si el tratamiento:
- Puede entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados.
- No es ocasional.
- Incluye categorías especiales de datos (salud, afiliación sindical, ideología, biometría) o datos relativos a condenas e infracciones penales.
Fíjese en la segunda: "no ocasional". El tratamiento de datos de clientes y empleados es, por definición, habitual. La AEPD y las autoridades europeas interpretan que la exención solo ampara tratamientos esporádicos. En la práctica, toda empresa con actividad continuada debe llevar el registro.
Es un documento interno que la AEPD le pedirá en cuanto reciba una denuncia (art. 30.4 RGPD). No tenerlo es infracción grave (art. 73 LOPDGDD).
El Delegado de Protección de Datos (art. 37 RGPD y art. 34 LOPDGDD)
El DPO supervisa el cumplimiento en protección de datos, asesora al responsable y es el punto de contacto con la AEPD y con los interesados (arts. 38 y 39 RGPD).
Cuándo es obligatorio según el RGPD
El art. 37.1 RGPD exige DPO en tres supuestos:
- Cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público.
- Cuando las actividades principales del responsable consistan en operaciones que requieran observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.
- Cuando las actividades principales consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a condenas e infracciones penales.
Los conceptos "actividades principales" y "gran escala" son indeterminados. Una pyme con videovigilancia en su almacén no entra en el supuesto 2. Una empresa cuyo negocio es el seguimiento de comportamiento online de usuarios, sí.
La lista concreta de la LOPDGDD
Para evitar dudas, el art. 34.1 de la LOPDGDD enumera entidades que deben designar DPO en todo caso. Entre otras:
- Colegios profesionales y sus consejos generales.
- Centros docentes y universidades.
- Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
- Prestadores de servicios de la sociedad de la información que elaboren perfiles a gran escala.
- Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito y entidades aseguradoras.
- Empresas de servicios de inversión.
- Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas.
- Entidades que elaboran informes comerciales sobre personas físicas y empresas de publicidad que realicen perfilado.
- Centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas, salvo los profesionales que ejercen a título individual.
- Operadores de juego por medios electrónicos.
- Empresas de seguridad privada.
- Federaciones deportivas cuando traten datos de menores.
Si su actividad está en esta lista, no hay margen de interpretación. Debe designar DPO y comunicarlo a la AEPD en diez días (art. 34.3 LOPDGDD). No hacerlo es infracción grave (art. 73 LOPDGDD).
DPO interno o externo
El art. 37.6 RGPD permite que el DPO sea un empleado o un profesional externo. Debe tener conocimientos especializados en Derecho y en protección de datos (art. 37.5 RGPD), actuar con independencia, no recibir instrucciones y reportar al más alto nivel jerárquico (art. 38.3 RGPD).
Para una pyme, el DPO externo suele ser la opción razonable: evita conflictos de interés (el responsable de informática no puede supervisarse a sí mismo), aporta conocimiento especializado y cuesta menos que una contratación.
Y si no está obligado
Puede designar DPO voluntariamente. Si lo hace, se aplican las mismas obligaciones y garantías, y debe comunicarlo a la AEPD. Tiene una ventaja: el art. 37 LOPDGDD permite que las reclamaciones de los interesados se dirijan primero al DPO, que dispone de dos meses para resolverlas antes de que intervenga la AEPD.
Resumen para decidir
| Situación | Registro de actividades | DPO |
|---|---|---|
| Pyme con clientes y empleados, actividad ordinaria | Obligatorio | Voluntario |
| Empresa incluida en el art. 34 LOPDGDD | Obligatorio | Obligatorio |
| Tratamiento a gran escala de datos de salud, biometría o perfilado | Obligatorio | Obligatorio |
| Tratamiento verdaderamente ocasional y sin riesgo | Exento | Voluntario |
Si no sabe en qué fila está, revisamos su caso en una primera consulta.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte su caso concreto.