Muchas pymes tienen ya un programa de compliance redactado, pero nadie lo supervisa. El canal de denuncias existe en el papel, pero no se gestiona. Y cuando llega una inspección o una denuncia, el modelo no sirve de nada porque no puede demostrarse que funcionaba.
Para resolver ese problema pongo en marcha el servicio de Compliance Officer externo para pequeñas y medianas empresas.
Qué incluye
- Asunción de la función de órgano de supervisión que exige el art. 31 bis.2 del Código Penal, con independencia respecto a la dirección.
- Gestión del canal interno de información conforme a la Ley 2/2023: recepción de comunicaciones, acuse de recibo en siete días, investigación y respuesta en el plazo legal de tres meses (art. 9).
- Revisión anual del mapa de riesgos y actualización de las políticas.
- Formación de la plantilla, con registro de asistencia.
- Informe periódico al órgano de administración.
- Atención de requerimientos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante o de la autoridad autonómica competente.
Para quién
Para empresas de entre diez y doscientos cincuenta trabajadores que ya tienen un programa de compliance y necesitan mantenerlo vivo, y para las que deben implantar el canal de denuncias obligatorio (art. 10 Ley 2/2023) y no quieren cargar a un empleado con esa responsabilidad.
El servicio se contrata con cuota mensual fija, presupuestada por escrito tras un diagnóstico inicial.
Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Consulte su caso concreto.